GUSTAVO PENADÉS
La semana pasada una exigua mayoría de legisladores frentistas aprobó el proyecto de ley de Educación.
Esa votación se constituye en el mejor ejemplo de lo que ha sido el argumento de la bancada del Gobierno: se tiene la mayoría y esa mayoría se usa. Y en ese ejercicio, si a la oposición le gusta, bien y si no, también.
Lejos está de nosotros cuestionar la práctica en cuanto es legítimo que las mayorías decidan y las minorías acaten; así funciona la democracia.
Lo que sucede es que hay leyes y leyes.
No es lo mismo la trascendencia de una ley de Educación que la sanción de una ley denominando una escuela o una ruta nacional.
La oposición en ambas Cámaras tuvo apenas una semana para estudiar un proyecto que el Gobierno y la bancada del Frente Amplio trabajosamente elaboró a lo largo de dos años. El espíritu fue: "tómenlo o déjenlo, pero no aceptamos cambios". Estaba claro que si dos años les costó ponerse de acuerdo, toda modificación implicaba una renegociación hacia la interna frentista, circunstancia a la que no estaban dispuestos.
Entonces una ley que afecta a la Nación, es decidida por quienes representan la mitad de la ciudadanía. Ni soñar con una política de Estado para la Educación. Perdido en el pasado quedó el esperanzador comienzo, cuando el Gobierno electo firmó con los partidos de oposición sendos acuerdos programáticos que duraron lo que un lirio.
Tampoco sirvió para nada la disposición del Partido Nacional de participar con sus mejores hombres en diversas instancias. Se prefirió un camino diferente. Se inventó un "debate" en el que la ciudadanía mínimamente participó y que, cuando lo hizo, mayoritariamente manifestó preocupación sobre problemas puntuales, para los cuales hubo poco espacio en la ley.
Pero los que sí se hicieron oír fueron los gremios, que plantearon su intención de hacerse con el control de la Educación y el debate se congeló en ese punto. Como si los médicos fueran por el Ministerio de Salud Pública, el objetivo planteado -parafraseando viejas consignas- fue "todo el poder a los gremios". Quizás anide detrás de todo esto una búsqueda de un sistema corporativo fascista. Cada sector de interés se apropiaría de una cuota del poder estatal: agrónomos y productores del Ministerio de Ganadería; industriales del de Industria y así, cumplir con un pensamiento que creíamos desaparecido.
Frívolamente, con desprecio de quienes deben ser la preocupación principal -niños y jóvenes-, se mantuvo encajonado un proyecto de ley al que sus defensores otorgan poderes mágicos, porque el tema era quién iba a mandar la Educación. ¿Era tan bueno pero esperan dos años para ponerse de acuerdo?
Y al final la montaña parió un ratón. Un proyecto conservador, mal redactado, con errores conceptuales importantes, que multiplica al infinito las instancias de discusión, en que se diluyen las responsabilidades, centralista, en el que se ignora la educación privada, y con el que nada cambiará.
En definitiva la semana pasada perdió la democracia representativa; la Democracia tal como la concibe nuestra Constitución y, por sobre todo, como se la ha concebido desde la génesis de la nacionalidad oriental.
Diario El País 15.12.08